El presidente Alberto Fernández citó a las 18 al gobernador Axel Kicillof y a una docena de intendentes de la primera y tercera sección del Gran Buenos Aires para tratar de destrabar el conflicto en el seno de la Policía Bonaerense que jaquea a la administración provincial y que este miércoles llegó hasta las puertas de la quinta de Olivos, una afrenta con la que el Gobierno no contaba hasta anoche.
Se especulaba con que el Presidente emitiría una declaración oficial después del encuentro, pero voceros oficiales no confirmaron aún si habrá mensaje presidencial después del cónclave, convocada en el tramo más álgido de la protesta policial que puso además en el centro de la escena al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.
Este mediodía, durante un evento en el distrito de Quilmes, Fernández habló por primera vez sobre el conflicto salarial, después de que decenas de uniformados trasladaran la protesta desde Puente 12, en la base operativa de la fuerza bonaerense en La Matanza, hasta las puertas de la residencia de Olivos, una jugada que desató la ira del Frente de Todos. “Esto no se resuelve escondidos en patrulleros tocando bocina”, planteó el jefe de Estado en compañía de Kicillof y la intendenta Mayra Mendoza.
Un rato antes del evento en Quilmes, el mandatario había intentado abrir un canal de negociación directo con los policías que empezaron a congregarse desde media mañana sobre la calle Maipú, pero los uniformados se negaron. Después de que Fernández convocara a Olivos al gobernador y a los intendentes del PJ y de la oposición del Gran Buenos Aires, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y el vocero Juan Pablo Biondi volvieron a insistir con el diálogo cara a cara con los agentes de la Policía. Pero volvieron a rechazar la invitación.Los policías frente a la quinta de Olivos (Franco Fafasuli)
La reunión de Olivos, prevista para las 6 de la tarde, se da además en un marco de tensión interna en el Frente de Todos por el creciente malestar de los intendentes del oficialismo con Berni, que todavía cuenta con el aval de Cristina Kirchner. Desde el inicio de la gestión que los jefes comunales mantienen un vínculo tirante con el ministro, cuyo manejo operativo y hasta comunicacional de su cargo los sulfura.
De hecho, en el entorno del funcionario están convencidos de que el reclamo salarial, sustentado en los magros sueldos de los uniformados y las pésimas condiciones laborales que arrastran desde hace años, estuvo apuntalado por “fuego amigo”.