Justo 200 días después de asumir la Presidencia, Javier Milei logró la aprobación definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso. El ambicioso proyecto “ómnibus” había entrado en la Cámara de Diputados en enero y durante seis meses sufrió innumerables recortes y modificaciones que permitieron al oficialismo alcanzar un consenso mínimo con los bloques de la oposición “dialoguistas”. A pesar de todo, el primer éxito legislativo del oficialismo finalmente incluyó varios puntos considerados centrales para la Casa Rosada, como las facultades delegadas, las privatizaciones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, la reversión del Impuesto a las Ganancias, la suba del piso de Bienes Personales y el blanqueo de capitales.
“No es la ley que quería el Gobierno, pero es la ley posible”, resumió un diputado del radicalismo. El análisis era compartido -casi con las mismas palabras- por varios integrantes de La Libertad Avanza y el PRO. Finalmente, la Ley Bases se aprobó con 147 votos a favor y 107 en contra del peronismo, la izquierda, el socialismo y Natalia de la Sota. Asimismo, Ganancias obtuvo 136 votos afirmativos -116 en contra- y la reforma de Bienes Personales, 134 votos positivos -118 negativos-.
Para asegurarse la aprobación de la Ley Bases el oficialismo había desistido de incluir en la lista de empresas que se pueden privatizar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, destinada a los trabajadores que tienen algunos aportes pero no llegan al mínimo de 30 años. Esta decisión fue la que le permitió sumar algunos votos extras del radicalismo.
Por otro lado, los libertarios aceptaron los cambios al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y al blanqueo de capitales que hizo el Senado. Por ejemplo, el RIGI se limitó a nueve sectores (foresto-industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología) y será obligatoria la contratación de un 20% de proveedores locales. En cuanto al blanqueo, quedaron excluidos los hermanos de los funcionarios, de los extranjeros y de los bienes de terceros (testaferros); además, los fondos serán coparticipables con las provincias.