Esta semana, cuando se conoció que el gobierna nacional iba a intervenir la empresa Vicentín, como era de esperar, salieron voces a respaldar la medida como también se pronunciaron aquellos que consideran un atropello. Entre las tantas lecturas, una muy gráfica la arrojó un standapero porteño, quien sugirió: “Vicentín es aquel que se gastó toda la plata, se embriagó de más, y como no podía mirar hacia adelante, viene alguien que lo ayuda y lo lleva a casa”. La comparación, trasladándola a la realidad, tiene su semejanza. A la firma agroexportadora -pero que también se diversificó en otros rubros- el Banco Nación le otorgó el año pasado un crédito millonario para paliar su déficit pero también con el objetivo de que reacomode sus finanzas. Tamaña ayuda tiene su correlato: la compañía fue aportante a la campaña del PRO y el CEO hace menos de dos años fue medido como posible candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe. Esa relación ayuda a entender el porqué de tantas bondades. Ahora, con el cambio de gobierno a nivel Nación, la firma no sólo mantuvo sus deudas, sino que llamó a concurso de acreedores. Y ese combo, se sabe, lleva a un sólo camino: la quiebra, salvo que aparezca algún salvador. Con ese escenario, el gobierno fue tras la firma, cuya principal acreedor es el Banco Nación, al que le debe 18 mil millones de pesos. Como dijo al final de la semana el senador misionero Maurice Closs, “acá se fundió la empresa exportadora de capital nacional, llevándose una torta de plata. Y la plata no está”. Y fue más explícito sobre la decisión del gobierno: “Una empresa que recibió mucha ayuda del Estado, este último debe cobrarse. No es una cuestión ideológica. Es lógica y de práctica en cualquier parte del mundo”. Si bien el presidente de la Nación envió al Congreso el proyecto de expropiación y la firma utilizará sus recursos legales, las cartas están jugadas. La conclusión es que la empresa cerealera pensó que podía embriagarse y nadie lo iba a controlar. Hasta que llegó el Estado.
Inquilinos, Uber y la EBY
Esta semana fue importante con la aprobación de dos leyes: la de alquileres y la de educación a distancia. Respecto de la primera, se estima que beneficiará a 9 millones de inquilinos y entre algunos puntos sobresalientes se encuentran permitirles presentar dos opciones de garantía y extender el contrato de dos a tres años. La mirada se posa fundamentalmente en la capital provincial, -con un nutrido número de personas que alquila- donde en los últimos dos años se hizo más notorio cómo la balanza no lograba el equilibrio entre locador y locatario. Y hay un punto más que no se puede soslayar, como lo señaló el senador Closs: la participación directa de la Afip para darle validez al acuerdo entre las partes a través de un registro.
Por otro lado, otra vez ingresó en la agenda la posible llegada de Uber. Se sabe que este servicio opera en las principales ciudades sin ningún inconveniente; es más, la firma hasta es sponsor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Al respecto, desde las agencias de remises alzaron la voz, anticiparon que Uber se está posicionado en la provincia y lanzaron que la competencia será desleal.
Eby: El desafío de defender los intereses misioneros
También hubo novedades en uno de los organismos que esperaba cambio de figuras. Se habla de la Entidad Binacional Yacyretá, cuyo nuevo presidente Ignacio Barrios Arrechea asumió el pasado jueves. Si bien no se pronunció públicamente, el hijo del ex gobernador Cacho Barrios Arrechea dio el primer paso formal y ya mantuvo una primera reunión con el gobernador Oscar Herrera Ahuad.