Antonio López Forastier asumirá la presidencia del Colegio de Abogados de la provincia en diciembre, pero ya adelanta qué impronta planea otorgarle a la entidad. Entre las prioridades apunta a resolver la “mora judicial”, esto es que los procesos que implica una causa y posterior juicio sean más ágiles. En ese sentido cargó contra el sistema de justicia y advirtió que este poder del Estado “invade” al Poder Legislativo y lamentó que no tengan diálogo.
Planteó que evalúan una serie de medidas a tomar, “la mayor de la demanda tiene que ver con los ingresos, las leyes arancelarias, las condiciones de trabajo. Y el ingreso y lo arancelario son parte de eso, por eso vamos a imponer una impronta muy marcada, similar a lo sindical o gremial”.
El próximo titular del Colegio indicó que “no estamos sujetos a un ingreso fijo, tenemos una ley arancelaria, al finalizar un proceso se regulan los honorarios”. “Qué ocurre”, planteó López Forastier, “el Poder Judicial al dictar una sentencia no cumple, lo que hace que el arancel de un abogado se posterga hasta la finalización de los procesos judiciales”.
Para ser más específico, marcó que “un proceso judicial promedio tiene aproximadamente siete años de duración, por eso hablo de la mora… porque todos los que dependemos y la gente que espera un resultado siempre está sufriendo la demora que cada vez es mayor debido a los desaciertos de nuestro Poder Judicial”.
Acerca de la oralidad en los procesos civiles subrayó que “el STJ postergó la entrada en vigencia, pero tampoco convocó al diálogo, consideramos que la forma en que fue redactada la acordada invade al Poder Legislativo”.
Por otro lado, mencionó que “se habla de logros en el ámbito penal, sólo para dar ejemplos, en el Poder Judicial se tramitan 45.389 causas, o sea que si hablamos de 400 ni siquiera hablamos del 10 por ciento de resolución”.
López Forastier insistió en las “decisiones desacertadas” de la Justicia misionera y la “falta de diálogo” y alertó que el STJ “invade atribuciones del Poder Legislativo y por lo tanto resulta inconstitucional”. Señaló que “no ocurre el diálogo con el poder judicial, si con los otros sectores como policía, servicio penitenciario”.
Volvió a remarcar que “no es fácil decirlo cuanto debe demorar” un proceso judicial, pero hoy “demora de cinco a siete años y lo más llamativo es que el Poder Judicial duplicó su presupuesto en los últimos años”.
“No cumple con el acceso a la información judicial”, alertó y avisó que “en breve nuestra Justicia va a estar colapsada”.