Nuevo lunes de Aire por favor con una semana repleta de novedades y acontecimientos que movilizó al país. Uno de ello fue el reclamo por parte del personal que presta servicios en educación, salud y transporte a personas con discapacidad. En esta oportunidad invitamos a los estudios de Circus a Belén Giménez y Santiago Andrujovich, ambos Profesores en Educación Especial por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM.
En las últimas semanas se dio a conocer un importante ajuste que compromete específicamente a los prestadores de servicios a personas con discapacidad. Lo cierto es que los derechos de los trabajadores y de las familias, se ven vulnerabilizados por el retraso en el pago que les corresponde y sumado a esto la desactualización de los mismos en cuanto a la inflación. “Lo que viene sucediendo no es nuevo, a todos nos afecta, es una situación crítica para los prestadores de salud, transporte y educación y para las personas con discapacidad”, expresa Santiago Andrujovich.
En el caso de Santiago, él trabaja de manera particular con un alumno en inclusión educativa, después de cumplir con los requisitos de las obras sociales le comunicaron que a partir de los 60 días iba a cobrar, -por el circuito que recorren los papeles-, sin embargo, pasaron 90 días y ahí recién cobró el mes de marzo. ¿Siempre sucede éste retraso en los pagos? “Sí, 60 días mínimo, en algunos casos se demoran 120 días. Al trabajar con las obras sociales uno naturaliza que eso demora, como docente uno deposita todo el entusiasmo en prestar un servicio de calidad, pero después te cansa y ese es básicamente el reclamo”, explica Santiago y comenta que lo mismo sucede con el servicio de transporte y salud como kinesiología, psicología y fonoaudiología.
Existe un marco legal en el caso de pensar en sanciones. “La Ley Nacional 26.206 de Educación, habla de la modalidad de la Educación Especial como una modalidad de la educación nacional en los tres niveles y esto es basado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que es un instrumento normativo a nivel internacional entonces eso tendría impacto”, menciona la Profesora Belén Giménez e indica que las prestaciones son primarias y secundarias; en el caso del Nivel Superior todavía se sostiene por el voluntarismo, por parte de las familias o los mismos docentes.
Para finalizar, preguntamos, ¿de qué manera afecta los tratamientos interrumpidos? “Si uno no logra la continuidad se afecta un proceso de aprendizaje, para que esto no pase los docentes decimos bueno aguanto un poco más para no interrumpir el tratamiento, pero llega un momento que ya es insostenible”, argumentó Belén Giménez Profesora en Educación Especial.