El debate sobre el proyecto de Presupuesto 2023 atravesó su primera semana con la presencia en la Cámara de Diputados de los principales ministros del Gabinete y varios funcionarios clave de Economía. Contrariamente a lo que se anticipaba, la mayoría de las exposiciones transcurrió sin polémicas ni fuertes cruces con la oposición. De hecho, la ausencia de muchos diputados de Juntos por el Cambio en la Comisión de Presupuesto fue remarcada como dato político desde la bancada oficialista.
El panorama para el oficialismo se muestra auspicioso. Los grandes lineamientos macroeconómicos, como la tasa de inflación del 60% y los 2 puntos de crecimiento económico, fueron calificados como “medianamente realistas” por la oposición, por lo que el Frente de Todos confía en que logrará una amplia aprobación “en general” del proyecto de ley, con críticas en algunos artículos específicos.
Germán Martínez, presidente del bloque oficialista, incluso prevé emitir el dictamen de comisión el próximo jueves, lo que permitiría adelantar el cronograma oficial una semana y darle media sanción el miércoles 19 de octubre. Esto permitirá que el Senado tenga tiempos holgados para sancionar la ley dentro del período de sesiones ordinarias, incluso antes del inicio del Mundial de Qatar.
Sin embargo, no todos dentro del oficialismo comparten el entusiasmo. Diputados que responden políticamente a los movimientos sociales dejaron trascender que no están del todo conformes con la asignación de partidas y esperan modificaciones. Uno de los más duros fue Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, quien llegó a poner en duda el apoyo de su sector.
Desde otra de las organizaciones sociales con representación parlamentaria coincidieron en que el Poder Ejecutivo debe hacer algunos cambios. En particular, aumentar las partidas del Fondo de Agricultura Familiar, del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y del plan Potenciar Trabajo.
Al mismo tiempo, los tres diputados del Frente Patria Grande, referenciado en Juan Grabois, también presionan para que se concrete el anuncio del bono para sectores indigentes financiado con lo recolectado a través del exitoso “dólar-soja”.
A través de un decreto, Alberto Fernández determinó que un porcentaje de la liquidación de soja que debería ir al Banco Central sea utilizado para financiar “una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”.
Fue una de las razones por las cuales los diputados de Patria Grande no concretaron su amenaza de separarse del bloque oficialista. Aunque el monto todavía está en negociación.
En el oficialismo la mayoría descarta la posibilidad de que se repita una situación como la del acuerdo con el FMI, donde el bloque se partió y una treintena de diputados votó negativamente. “Nadia va a votar en contra”, especularon.