La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, y el coordinador del programa del Gobierno electo de Brasil, Aloizio Mercadante, confirmaron que el lunes se iniciará formalmente la transición entre la administración de Jair Bolsonaro y su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y definirán una agenda en la que, aunque no oficializó, se descarta que tendrá un espacio central una Propuesta de Reforma Constitucional (PEC) para aumentar el techo del gasto público para hacer frente a las promesas de campaña.
Hoffmann visitó el predio donde funcionará la oficina de transición e informó a la prensa que si bien el lunes Lula da Silva definirá su agenda, ya están analizando “todas las posibilidades” para cumplir con promesas de campaña. En este sentido, se refirió a las negociaciones que están llevando a cabo con miembros del Congreso Nacional para introducir una PEC.
Hoffmann aseguró que dialogó ayer, sin dar detalles, con el senador del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) Renan Calheiros, quien calificó de “error” la idea de una reforma constitucional porque sería una concesión al bloque del Centrao (el bloque de partidos que domina la agenda económica y política del gobierno a cambio de administrar parte del Presupuesto nacional), de quienes dependería la aprobación.
La herencia. La titular del PT dijo en Twitter, antes de la conferencia de prensa, que “el presupuesto de Bolsonaro para 2023 no tiene previsto recursos para comedores escolares, Farmacia Popular, guarderías y ayudas de 600 reales”, y agregó que están “trabajando para revertir la tierra arrasada que estamos encontrando y lograr que la gente se ciña al presupuesto”.