Asociaciones y familias de personas con discapacidad marchan hacia Plaza de Mayo, donde quieren instalar una carpa blanca para visibilizar sus reclamos contra el ajuste a “una de las áreas más vulnerables de la sociedad” según explican desde las organizaciones convocantes.
La protesta que comenzó al mediodía de este lunes, se extenderá hasta el 31 de agosto y se realiza simultáneamente en la Ciudad de Buenos Aires y en las principales localidades del país, entre ellas, Córdoba, Rosario, Mendoza y San Miguel de Tucumán.
Bajo la convocatoria es No al DNU, no al ajuste en discapacidad, los organizadores aseguran que “confluyen los reclamos que se vienen realizando desde hace tres años y en la coyuntura actual se ven agudizadas cada una de las problemáticas de nuestro colectivo”.
“Una vez más se entregará un petitorio al presidente Alberto Fernández con puntos específicos reclamados para su intervención”, adelantaron.
Por su parte, los prestadores indicaron por medio de cadenas a través de servicios de mensajería a las familias de sus pacientes que la falta de pagos comenzó, en muchos casos, en abril y explicaron que desde la Superintendencia de Servicios de Salud estarían “reteniendo los fondos para cubrir los pagos adeudados” al tiempo que recién en “la primera quincena de septiembre” girarían el dinero a las obras sociales para éstas, realicen abonen los honorarios profesionales.
En tanto, diversos voceros reclamaron ante la “constante invisibilización que afecta a las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios de salud e integración escolar”.
En Posadas
Posadas también fue punto de concentración del reclamo. Familiares de personas con discapacidad como así también profesionales expresaron su disconformidad en la plaza 9 de Julio por las medidas que adoptaría el gobierno. Las profesionales destacaron que esto viene “de hace rato” y pidieron soluciones, mientras enfatizaron que hay atraso en los pagos por parte de las obras sociales.
Según lo publicado por diversos medios, el ministro de Economía, Sergio Massa, les advirtió a los sindicatos que solo le transferiría $1.500 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) hasta fin de año, para poder alcanzar la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional. Esto implica un recorte de $10.000 millones en esta partidas que se usan para pagar servicios de alta complejidad, servicios de discapacidad y otras prestaciones.