El destituido expresidente de Perú Pedro Castillo continuará en prisión. Ese jueves, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó su prisión preventiva por 18 meses, tal como lo había pedido la fiscalía. Castillo no participó en la audiencia virtual.
Frente al cuartel policial donde Castillo está detenido, seguidores del expresidente exigían su libertad durante la audiencia. De otro lado, el gobierno anunció el retiro de sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Bolivia, en protesta por el apoyo de esos países a Castillo.
La fiscalía acusa a Castillo de rebelión y conspiración por haber ordenado el cierre del Congreso el pasado miércoles siete, poniéndose al margen de la Constitución. Esa orden de Castillo no se llegó a cumplir. Se quedó solo y cayó.
Mientras un tribunal decidía mantener a Castillo en prisión, continuaban las protestas en buena parte del país. La indignación ciudadana contra la clase política y las históricas desigualdades y exclusiones, se ha desbordado. Este jueves comenzó a regir el estado de emergencia decretado por el gobierno, acusado de reprimir violentamente las protestas, lo que ya ha dejado al menos quince muertos.