Miles de brasileños volvieron este último sábado a protestar en las calles para exigir la destitución del presidente Jair Bolsonaro, con la novedad de la apertura de la investigación que ordenó la máxima Corte de justicia del país por el delito de prevaricato con el que se acusa al mandatario de haber estado al tanto de un caso de corrupción en la compra de vacunas Covaxin y no haberlo denunciado a las autoridades.
Es la tercera jornada de manifestaciones en las últimas semanas contra el Gobierno, que viene enfrentando una presión creciente por una investigación parlamentaria sobre presuntas omisiones en la gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de 500.000 muertos en Brasil.
Pero desde la semana pasada el testimonio de un funcionario del Ministerio de Salud cambió el foco de las investigaciones al declarar que en marzo pasado sufrió una «presión atípica» para concretar una compra de tres millones de dosis de la vacuna india Covaxin que, a su entender, presentaba indicios de irregularidades, entre ellas un precio mucho mayor al pagado por Brasil por cualquier otro inmunizante.
El funcionario Ricardo Miranda, hermano del diputado bolsonarista Luis Miranda afirmó haber trasladado personalmente las sospechas a Bolsonaro, quien se habría comprometido a llevar el caso a la Policía Federal, algo que aparentemente no hizo.