La discusión en el Congreso en torno a la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos está demorando más de lo que el Gobierno esperaba. Las autoridades nacionales, con el objetivo de acelerar las negociaciones y obtener dictamen, se mostraron flexibles a modificar algunos de los artículos del proyecto, que tiene más de 350 páginas.
A lo largo de la semana pasada, los principales referentes del oficialismo, incluido el ministro del Interior, Guillermo Francos, el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunieron con los jefes de las bancadas de la oposición para tratar de acercar posiciones.
Durante las conversaciones, los legisladores “dialoguistas” les manifestaron a los enviados del presidente Javier Milei que solamente apoyarían el paquete de reformas si se eliminan algunas de las medidas que generaron polémica.
El debate central, por estas horas, gira en torno a dos puntos: la alícuota de 15% en concepto de retenciones a productos de las economías regionales y la eliminación de la actual fórmula de actualización de las jubilaciones, para pasar a un sistema de aumentos discrecionales hasta que se encuentre una mejor alternativa.
De acuerdo con las estimaciones que maneja el Ministerio de Economía, estos dos instrumentos representan para el Gobierno cerca de un punto porcentual del PBI, unos 1,7 billones (millones de millones) de pesos, por lo que son clave en las intenciones del presidente Javier Milei de apuntar al déficit fiscal 0 este año.
Si finalmente quita esos aspectos de la ley, el Poder Ejecutivo tendrá que compensar la consecuente pérdida de recaudación, profundizando el ajuste en otras áreas, como subsidios, obra pública y transferencias a provincias.
Por otra parte, Presidencia también aceptaría reducir de cuatro a dos años el plazo máximo durante el cual regirá la emergencia económica, periodo en el cual Milei tendrá facultades excepcionales para tomar decisiones sobre diferentes temáticas sin tener que pasar por el Congreso.
Asimismo, quedaría fuera del texto el cambio en la composición de la Cámara de Diputados, así como también todo el capítulo referido a la ley general de sociedades, mientras que YPF quedaría excluida del apartado de empresas públicas a privatizarse.
Qué quedaría
Si el Gobierno finalmente accede a todos estos reclamos, la ley que se votará en el Congreso será sustancialmente distinta a la original, aunque mantendrá varias de las reformas que propuso el presidente Milei, especialmente en cuestiones administrativas y algunas económicas.
Por ejemplo, seguirá vigente la posibilidad de vender la mayoría de las empresas públicas, incluidos los medios de comunicación y Aerolíneas Argentinas; la iniciativa para simplificar y digitalizar varios trámites; la reventa de entradas deportivas y las sanciones a los piqueteros y para quienes organizan cortes de calle, aunque no participen del mismo.
También se avanzaría con la implementación del régimen de juicio por jurados a nivel federal; la eliminación de las Paso; los exámenes periódicos para alumnos y docentes y el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia permanente, y las restricciones en los actos, programas, obras, servicios y campañas políticas.
En materia de desregulación económica y fomento de inversiones, aunque con algunas limitaciones, el paquete conserva los proyectos para que las personas puedan blanquear hasta 100.000 dólares en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos; para que se puedan importar productos sin impuestos; para condonar multas, sanciones y otros beneficios a los empleadores que regularicen las relaciones laborales; para derogar varias normas relativas a la competencia y para eliminar subsidios.
Por último, aunque se achicó el plazo a un año, con posibilidad de extenderlo a otro más, se le permitirá al Gobierno declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa -ya no en defensa, social ni sanitaria-.