Uruguay entrará este lunes en la última semana antes del referendo del domingo 27, en el que se pondrán en juego 135 artículos de una megaley clave para la presidencia de Luis Lacalle Pou, con un escenario en el que inevitablemente parece medirse la gestión de gobierno y un último tramo de campaña muy particular, de trabajo cara a cara por la complejidad de la norma y por la intención de reducir el número de indecisos.
Reuniones en plazas, pequeños actos en barrios, toda la presencia posible en medios y redes, recorridas en ferias, mesas de difusión en la rambla de Montevideo y hasta visitas casa por casa fueron las variantes usadas hasta acá, que sin duda se intensificarán en los pocos días que restan hasta llegar a las urnas.
Los sondeos publicados hasta el momento muestran cierta paridad en los números del Sí y del No, con un esquema que, de alguna manera, replica lo que suele pasar en las elecciones: el Sí, aupado por buena parte de la oposición, es fuerte en Montevideo y las urbes más grandes, y al No, defendido por el oficialismo, le va mejor en el interior.
El 8 de julio de 2020 el Congreso sancionó la Ley de Urgente Consideración (LUC), de 475 artículos, eje de la gestión de Lacalle Pou, un texto que impuso cambios claves en áreas tan diversas como seguridad, salud, educación, energía y derechos laborales.
Entre otras cuestiones, la LUC limita el derecho de huelga, declara ilegítimos a los piquetes en espacios públicos o privados que “afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”, establece la figura de la “apariencia delictiva” y aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares, lo que habilita el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos.
Además, elimina la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del Estado en el área, crea una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas y evita el modelo cooperativo de construcciones de casas, y habilita el cierre y/o la privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.