Decidido a avanzar como sea con las dos medidas centrales del inicio del mandato, que generaron un terremoto político, el Gobierno avanzará “a todo o nada” con el DNU de desregulación de la economía y la ley Ómnibus. Duros en la posición de arranque de la negociación, empujan para aprobar el proyecto durante las sesiones extraordinarias y advierten que no están dispuestos a extender el período ni a hacer grandes concesiones.
Usarán como principal moneda de cambio el postergado proyecto para dar marcha atrás con la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, una medida clave para los gobernadores que Javier Milei se había comprometido a impulsar asumiendo el costo político, pero que no presentará hasta que no le hayan asegurado respaldo.
“No se trata de un chantaje, es parte de la negociación política. Sería naif darles esa ayuda antes de que salga lo otro”, dijo, con tranquilidad, un funcionario del círculo del Ejecutivo. Hace diez días, en la reunión que le organizó el ministro del Interior, Guillermo Francos, con todos los gobernadores, el primer mandatario se había comprometido a revertir el tributo coparticipable, recortado durante la campaña de Sergio Massa para desgracia de los caciques del interior, cuyas economías dependen de esos fondos.